¿Para qué subir los boletos?

El gobierno ha anunciado que se van a presenciar subas escalonadas y segmentadas en las tarifas del transporte público del GBA para todos los usuarios, incluidos los que empleen la tarjeta SUBE. La medida apunta, por lo que se podría llegar a entender de las declaraciones de los distintos funcionarios, a proteger a los sectores más vulnerables y a sanear las cuentas del Estado. Si uno toma esos objetivos, ¿Se logran con un aumento de las tarifas del transporte público? Sería interesante razonar sobre las consecuencias que va a traer aparejadas esta medida.

Lo que infiero (y espero equivocarme) es que va a protegerse de los aumentos a los beneficiarios de la AUH (lo cual es, desde mi punto de vista, acertado), pero que el resto de la población, que incluye a numerosos trabajadores, estudiantes y pensionados de bajos recursos, va a ver corroídos sus ingresos de un mes para el otro. Sería más razonable, si se busca una distribución equitativa de los ingresos, mantener los subsidios al transporte a niveles altos y financiarlos con impuestos a los sectores de más ingresos.

Pero si la medida intenta simplemente mejorar las cuentas fiscales podría ser acertada. Una vez dentro del tesoro los billetes son todos iguales, y si ese es el objetivo y las vías son consideradas secundarias la medida sería, bajo este criterio, lógica. Pero, de nuevo, este razonamiento hace agua. ¿Cuál es el peligro de subir las tarifas del transporte público? Que muchos usuarios, al ver que el costo entre ir en colectivo o en auto se acorta (en algunos casos, en especial para vehículos con GNC y trayectos cortos, podría hasta volverse más caro viajar en colectivo), comiencen a emplear más sus vehículos o intenten adquirir algunos. Esto podrá beneficiar a la industria automotriz, pero va a agravar uno de los principales problemas del país: el déficit energético. Más autos en las calles van a significar más saturaciones de tráfico, más caos, más contaminación y, como se consumirá más combustible, van a aumentar las importaciones, con la consiguiente pérdida de divisas y la pérdida de recursos del fisco. Y no sólo por el comercio externo: también, a través de los daños colaterales que dejará sobre la salud de los argentinos la contaminación, que en este caso no es sólo atmosférica, sino también acústica. Además, al empequeñecerse el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables puede caer la compra de bienes de consumo masivo, con su consiguiente perjuicio sobre la producción y, por lo tanto, sobre la recaudación. Y ni hablemos del deterioro que van a sufrir los caminos. La típica metáfora del perro que intenta morderse la cola se aplica a la perfección en este caso.

Si se busca proteger a los sectores más vulnerables, la medida no es útil. Y si se busca que los “números rojos” desaparezcan, tampoco. Sería interesante que se debata en serio una transformación del transporte público argentino, donde importen no sólo el precio de las tarifas, sino, sobre todo, las inversiones que se necesitan para que millones de trabajadores, pensionados y estudiantes puedan llegar con seguridad, rapidez y comodidad as sus hogares.